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El desplazamiento forzado de civiles llevado a cabo en 2007 es resultado menos de las luchas entre grupos armados que de acciones que perseguían fines políticos y económicos.
En Colombia, grupos armados han forzado a millones de civiles a dejar sus hogares, ostensiblemente para separarlos de los miembros armados de la guerrilla. Los grupos paramilitares han explotado en muchos casos esta estrategia para extender su control, político, económico y territorial.

La unión entre estos grupos armados y compañías privadas ha sido reportada por un número de organizaciones nacionales e internacionales.
En Diciembre de 2007, la oficina del Fiscal General de Colombia abrió una investigación formal contra una alianza de compañías de palma africana en Chocó acusándolas de haber "realizado desplazamientos forzados" para limpiar la tierra para cultivar plantaciones de palma africana para producir biocombustible.

Esta tendencia resuena en otros desalojos armados motivados económicamente que tuvieron lugar en la región durante 2007.
En Brasil, los abusos a los Derechos Humanos, incluyendo desalojos forzados y asesinatos de indígenas o personas tribales fueron en muchos casos realizados por mercenarios a sueldo de compañías madereras o mineras.
En Guatemala, las comunidades indígenas luchan para preservar su modo de vida mas allá de los desplazamientos causados para proyectos de minería a gran escala.

La resistencia a los proyectos económicos apoyados por el Estado continuó en un gran número de países después de declarado el fin de los conflictos.
El conflicto de bajo nivel y el desplazamiento en Chiapas, México, disparado en 1994 por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (o NAFTA, por sus siglas en inglés North American Free Trade Agreement) con USA y Canadá, continuó en 2007.
El NAFTA forzó la privatización de tierras comunales que pertenecían legalmente a dueños ausentes a gran escala, pero que eran cultivadas por pequeños dueños cuyos derechos de uso estaban protegidos por la Constitución de 1917.
Contrariamente a lo predicho de creación de fuentes de trabajo, mejora de la prosperidad y ventajas competitivas, al NAFTA se le acredita el incremento de la pobreza de los indígenas y la animosidad entre ellos, debido a la reducción de su acceso a la tierra.
Se estima que en México 2 millones de puestos de trabajo de agricultura se perdieron desde la adopción del NAFTA, causando un éxodo de los campesinos desde las áreas rurales hacia las ciudades de USA.

A lo largo de la región, los derechos de las comunidades indígenas a la autodeterminación y a su modo de vida, enraizados en la Convención 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, fueron amenazados directamente por proyectos unidos a estos objetivos de libre comercio.
Se teme que otro proyecto de libre comercio, el Plan Puebla-Panamá, podría desplazar comunidades indígenas de sus tierras en Mexico y en países de América Central. El proyecto involucra la construcción de autopistas, puertos, ferrocarriles, aeropuertos y gasoductos, principalmente en áreas rurales, para integrar la infraestructura de la región.

En el pasado desarrollos similares han estado asociados con asesinatos y desplazamientos: en Guatemala las brutales masacres y desplazamientos apoyadas por el Estado siguieron a la resistencia de las comunidades locales a la construcción internacional del Proyecto Hidroeléctrico Pueblo Viejo-Quixal (Chixoy Dam), entre 1980 y 1982.

Fuente: informe "Internal Displacement, Global Overview of Trends and Developments of 2007", realizado por el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).
Foto: MADRE, © Elizabeth Rappaport

Technorati : América Latina, Colombia, Mexico, NAFTA, civiles, desplazamiento, indígenas

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